Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó este martes su preocupación por el nuevo proyecto de Ley Orgánica sobre la libertad de expresión presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo, señalando que, pese a algunos avances, contiene disposiciones que podrían representar serios riesgos para la democracia y la libertad de prensa en la República Dominicana.
A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Ulloa destacó aspectos positivos como la prohibición de la censura previa, el reconocimiento del acceso a internet como derecho, la protección del ejercicio periodístico y una mirada especial hacia la niñez. No obstante, advirtió que “hay aspectos que deben corregirse para proteger la libertad, no restringirla”.
Uno de los puntos más cuestionados es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano regulador adscrito al Ministerio de Cultura, sobre el cual Ulloa expresó dudas en torno a su independencia política: “¿Puede un órgano con tanto poder funcionar sin control político real? Regulación sin independencia no es garantía, es riesgo”.
También criticó el artículo 65 del proyecto, que permitiría suspender transmisiones hasta por 90 días y aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos por “infracciones graves”, sin definir con claridad qué constituye una infracción de esa naturaleza. “Ambigüedad más discrecionalidad es igual a puerta abierta a la censura”, alertó.
Otra medida polémica es la exigencia de que plataformas digitales con más del 10 % de usuarios dominicanos cuenten con representación legal en el país. Aunque reconoce que se busca fomentar la responsabilidad digital, Ulloa advirtió sobre un posible exceso regulatorio que podría coartar voces críticas.
Asimismo, lamentó que el proyecto no establezca reglas claras sobre el uso de la publicidad estatal, lo que, a su juicio, puede derivar en censura indirecta al convertir los recursos públicos en instrumentos de premio o castigo para los medios de comunicación.
El Defensor del Pueblo también criticó la falta de consulta con periodistas, medios y gremios de comunicación, lo que considera un debilitamiento del proceso democrático. “La participación es parte del derecho. Sin debate público, no hay legitimidad democrática”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado a que cualquier reforma legal sobre libertad de expresión respete el artículo 49 de la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional. “Una democracia fuerte no le teme a la crítica: la escucha”, concluyó.