Lic. Juan Taveras de Oleo
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 30 años de prisión contra el beisbolista dominicano Wander Franco, acusado de supuesta relación con una menor, mientras paradójicamente se apela una sentencia que redujo de 20 a 10 años la condena del coronel César Maríñez Lora, responsable de la muerte a tiros de la pareja de pastores evangélicos Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer en marzo de 2021.
La solicitud de casación fue interpuesta por la procuradora general de la Corte de Apelación, Fátima Sánchez Guzmán, junto a la fiscal titular de Villa Altagracia, Dalma Díaz. Ambas buscan revocar la controvertida decisión de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, que rebajó a la mitad la pena impuesta al oficial policial involucrado en el asesinato de la pareja cristiana.
El caso de Wander Franco, por otro lado, ha generado fuerte debate social, al tratarse de un deportista sin antecedentes penales, cuyo proceso aún no ha culminado en juicio. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima para este tipo de delito: 30 años de prisión.
La sociedad dominicana ha reaccionado con indignación y asombro ante lo que muchos califican como un doble rasero judicial. La pregunta que resuena en medios y redes sociales es: ¿Cómo se puede pedir la pena máxima a un pelotero acusado de un hecho sin violencia, mientras se reduce la condena de un oficial involucrado en un asesinato comprobado?
El crimen cometido por los agentes policiales, entre ellos Maríñez Lora, fue ampliamente documentado y repudiado, ya que las víctimas eran personas de fe, sin historial delictivo, sorprendidas por una ráfaga de disparos mientras regresaban de una actividad religiosa. Junto a ellos, otros dos jóvenes también fueron atacados, uno de ellos herido.
El Ministerio Público ha declarado que la sentencia reducida está “plagada de contradicciones” y que la Suprema Corte de Justicia tendrá la oportunidad de restaurar el sentido de justicia en este caso.
Opinión pública en alerta
Diversas voces en el ámbito jurídico, religioso y social han expresado preocupación por el mensaje que estas acciones judiciales transmiten a la sociedad. Mientras a unos se les aplica todo el peso de la ley por hechos aún en discusión, otros reciben rebajas considerables pese a pruebas contundentes.
La comunidad espera ahora que el más alto tribunal del país actúe con equilibrio, respeto a las víctimas y en defensa de la justicia.