SANTO DOMINGO. – La abogada y exviceministra de Medio Ambiente, Milagros Marina De Camps Germán, presentó una querella con constitución en actor civil contra Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez, conocido como “Detective Ángel”, y otros usuarios de redes sociales, acusándolos de difamación e injuria agravada.
La acción legal fue depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional como parte de un proceso iniciado el 24 de enero del presente año. La querella fue suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes.
Según el documento, los imputados incurrieron en una campaña sistemática de difamación a través de redes sociales, utilizando videos, publicaciones, imágenes manipuladas y lenguaje ultrajante que, según la parte querellante, atentaron contra la dignidad e integridad moral de De Camps.
Los representantes legales argumentan que las acusaciones y expresiones difundidas no están protegidas por la libertad de expresión, ya que se trata de imputaciones falsas y ofensivas. “Este caso representa un ejemplo claro del uso malintencionado de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, afirma la querella.
La acción legal incluye una solicitud de indemnización por RD$10,000,000.00, suma que sería destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Además, la querella subraya que las redes sociales no pueden considerarse “territorios sin ley”, sino espacios sujetos al marco jurídico vigente. En apoyo a su posición, se citan precedentes del Tribunal Constitucional dominicano y jurisprudencia internacional.
Los abogados de De Camps insisten en que este proceso busca sentar un precedente sobre los límites legales y éticos de la expresión pública en medios digitales: “Las redes sociales no pueden convertirse en trincheras de impunidad”.
El caso será conocido por los tribunales del Distrito Nacional, donde se espera que el Ministerio Público inicie las diligencias investigativas correspondientes, incluyendo la posible solicitud de medidas de coerción contra los implicados.